sábado, 8 de julio de 2017

crudas historias detrás de las casas tomadas y el desalojo de inmigrantes en Santiago






Más de 50 inmigrantes indocumentados viviendo en una casa tomada en Santiago Centro. Pobreza, frío y humedad. Niños colombianos que no entienden aún que su presente responde a historias de vida brutales de sus padres despojados de todo por las FARC. Haitianos que vendieron lo poco que tenían en su país porque les prometieron un ‘mundo mejor’. Dominicanas abandonadas en las fronteras del norte, a su suerte.

Aspectos que constituyen el lado humano detrás de cifras frías: Sólo en la comuna de Santiago hay 583 cités en donde viven más de 20 mil personas, también 4 casas ocupadas donde viven hasta 80 extranjeros; la municipalidad tiene 30 decretos de desalojo firmados, ya ha realizado 8; ONGs cifran en 80 mil el número de inmigrantes irregulares en Chile, extranjería no se atreve a estimarlo; de los 600 mil regulares, un 21% también vive en condiciones de hacinamiento; extranjería decreta unas 3.200 expulsiones al año, pero no tiene presupuesto para cumplir más de 1.000.

Este es el tema de un reportaje realizado por la Revista Qué Pasa, centrado en una casa tomada pr más de 50 inmigrantes, a una cuadra del Parque Los Reyes. 


El recinto que otrora fuese la bodega de una empresa de piscinas, hoy es divido en pequeños espacios que ocupan de a 3, 5 u 8 personas.

Mauricio, de 45 años, es colombiano y el líder de la comunidad. “Fue él quien una mañana se topó con la casona abandonada y rompió sus cadenas, en octubre del año pasado. Junto a su hijo adolescente, tardaron una semana en echar a un drogadicto que vivía adentro y sacar toda la basura del lugar, que les llegaba hasta el pecho. Entonces se empezó a correr la voz. Dice que no puede negarle un lugar a nadie que venga huyendo de un mundo peor”, señala pa publicación.

La comunidad está resignada al desalojo, pero piden que al menos sea en verano. Todos ellos provienen de un clima radicalmente diferente del que han enfrentado en Santiago. “La mayoría de los haitianos tiene ese temor, sobre todo después de que uno de sus compatriotas muriera de hipotermia, hace unas semanas”, aseguran.

“Muchos llegan solos al país, y si mueren, ni siquiera son retirados del Servicio Médico Legal. Actualmente hay nueve cuerpos en el servicio, sin que nadie los reclame”, agregan.

Tristes historias

Gustavo es colombiano, de Buenaventura y tiene 43 años. allá fue pescador desde los 12, cuando murió su padre. Con ese oficio llegó a tener su propia casa y su propia lancha. Las FARC le quitaron todo en 2010, cuando se negó a realizarle servicios de flete. Luego tuvo que huir de Bogotá, luego de su país. “Entró dos veces como polizón en barcos a Estados Unidos, pero las dos veces lo deportaron. Entonces alguien le habló de Chile, y él se subió a un bus con su mujer, en un viaje que duró ocho días, pensando que había logrado escapar de la muerte”, relatan.

Benoc es haitiano, llegó hace dos meses con 44 años al hombro. “En Haití tenía una casa y un campo, que vendió para pagarse el pasaje a Chile. Alguien le dijo que en esta tierra se ganaba dinero. Por eso dejó a su esposa y a tres hijos, pensando que los vería pronto, y desde entonces no ha podido enviarles nada”, cuenta el reportaje.

Desalojos y expulsiones

Todo desalojo supone, además de lo descrito, un gasto considerable. Los extranjeros que cuentan con sus papeles al día reciben un subsidio de arriendo por dos meses. El resto no, una persona sin papeles no puede recibir ayudas formales del Estado.

“Es un tremendo problema para nosotros, porque muchos creen que tiene que hacerse cargo la municipalidad, no el Estado —dice una autoridad municipal—. Nosotros damos subsidios de arriendo por dos meses, y nos encargamos de todos los traslados. Ofrecer soluciones a más largo plazo, con los recursos de las municipalidades, es imposible. El Estado de Chile debiera tener una política directa”
, señala el texto periodístico.

Hay dos tipos de personas irregulares en Chile, explica el texto, los que entran como turistas y se quedan, y los que cruzan la frontera de forma ilegal.

“Los primeros, si no se ha decretado su expulsión, pueden pagar una multa —que ronda los 300 mil pesos, que no suelen tener—, si es que quieren optar a una visa. Extranjería decreta unas 3.200 expulsiones al año, pero no tiene presupuesto para sacar del país a más de mil. De esa forma, el inmigrante irregular, que tampoco puede salir por su cuenta, queda atrapado en un sistema en donde no tiene papeles, ni acceso a crédito, ni trabajo, ni posibilidad de arrendar una vivienda. Así van llegando, uno a uno, a los cités, con la esperanza de no ser desalojados”, relatan.

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Oleh

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